Con una alta participación se realizó en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el seminario “Desafíos de la Ley Karin”, instancia organizada en el marco del Proyecto Anillo ANID ATE220035. La actividad reunió a autoridades universitarias, representantes del gobierno, de la Dirección del Trabajo y a investigadoras del proyecto, en un espacio de reflexión sobre la aplicación de la Ley Karin.
La jornada la abrió el rector de la PUCV- Nelson Vásquez Lara- destacando los pilares que han sostenido el compromiso institucional frente a los desafíos de la Ley Karin y de la promoción de la dignidad en la vida universitaria. Recordó que, más allá de las normativas que buscan encauzar las prácticas de convivencia, la universidad se ha apoyado en dos fuentes complementarias: la tradición de la Iglesia y la planificación estratégica que guía su quehacer.
Por su parte, la directora del Proyecto Anillo ANID ATE220035, Leticia Arancibia Martínez, subrayó que la Ley Karin no puede entenderse aislada de la historia reciente del país ni de las luchas sociales. Recordó que es gracias a la presión de los movimientos ciudadanos y feministas que se han producido avances como la creación del Ministerio de la Mujer y la promulgación de esta ley. En esa línea, enfatizó el rol de las universidades como puentes entre la ciudadanía, las poblaciones y el Estado, capaces de aportar conocimiento y pertinencia territorial a las políticas públicas.
En su saludo, el Director Regional del Trabajo de Valparaíso, Jesús Figari, destacó que la implementación de la Ley Karin ya ha tenido un impacto directo en la cantidad de denuncias recibidas por la institución. Enfatizó que la ley tiene un carácter preventivo más que reactivo, por lo que la fiscalización y el cumplimiento de los protocolos son tareas prioritarias. Además, subrayó que la mayoría de las denuncias corresponden a acoso sexual y que la gran mayoría son interpuestas por mujeres, lo que reafirma el carácter estructural de la violencia de género en el mundo laboral.
En este marco, la investigadora principal del proyecto, Gloria Cáceres Julio, presentó una reflexión crítica sobre el fenómeno del acoso sexual y su vínculo con las formas estructurales de violencia de género en Chile. En primer lugar, sostuvo que la violencia y la exclusión que experimentan las mujeres en el ámbito laboral deben entenderse como parte de un entramado histórico que hunde sus raíces en la postdictadura y en la consolidación del orden neoliberal y patriarcal. Desde esta perspectiva, el acoso sexual no se reduce a un hecho aislado, sino que constituye un mecanismo de disciplinamiento que opera en lo simbólico, en lo material y en lo político.
En su exposición, Cáceres enfatizó que la violencia sexual reinstaura jerarquías patriarcales bajo el velo de la aparente igualdad contractual y que ello conduce a la negación de la palabra de las mujeres y a la limitación de su condición como sujetos políticos. Además, advirtió que, aunque la Ley Karin y las reformas legales amplían los marcos normativos para reconocer y sancionar la violencia, persisten patrones culturales profundamente arraigados que siguen reproduciendo prácticas de acoso y exclusión en los espacios de trabajo. De hecho, recalcó que las cifras oficiales de la Dirección del Trabajo muestran que casi el 68% de las denuncias corresponden a mujeres, y que nueve de cada diez casos de acoso sexual son interpuestos por trabajadoras, lo que confirma el carácter estructural de la problemática.
En esta línea, la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire, complementó el análisis situando la Ley Karin en el marco del Convenio 190 de la OIT, el primer instrumento internacional que aborda de manera integral la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Asimismo, la subsecretaria subrayó que el desafío central de la implementación de la Ley Karin es asegurar su enfoque preventivo y de género, evitando que se convierta en un procedimiento burocrático que revictimice a las denunciantes. Al respecto, señaló que el Estado tiene la obligación de ofrecer protocolos claros, apoyo psicológico y jurídico, y mecanismos de reparación, al mismo tiempo que debe garantizar que estas medidas sean aplicables en todo el aparato público y no únicamente en el sector privado. También insistió en que la violencia sexual y el acoso deben entenderse como problemas de poder y desigualdad estructural, que afectan no solo a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad al provocar la pérdida de talentos y la perpetuación de un clima laboral hostil.
Finalmente, Rachel Aránguiz Montecinos, de la Dirección del Trabajo en Valparaíso, retomó estas reflexiones desde una perspectiva práctica, poniendo de relieve cómo las denuncias se enmarcan en la vulneración de derechos fundamentales. Recordó que el acoso constituye una violación a derechos humanos consagrados en convenios internacionales ratificados por Chile, así como en la propia Constitución. En este sentido, explicó que el rol de la Dirección del Trabajo no solo consiste en fiscalizar y sancionar, sino también en orientar a las trabajadoras y trabajadores respecto de la naturaleza de estos derechos y en promover procesos de sensibilización que desnaturalicen prácticas culturales arraigadas. También subrayó que muchos casos de acoso se producen en contextos de asimetría de poder y que, a menudo, las víctimas son culpabilizadas o minimizadas, lo que dificulta la prueba y la credibilidad de sus testimonios. Por ello, insistió en que el cambio cultural debe acompañar a la legislación, pues de lo contrario los avances normativos pierden eficacia.
En conjunto, las intervenciones convergieron en una idea central: la Ley Karin es un avance significativo en la regulación del acoso sexual en el ámbito, pero su eficacia dependerá fuertemente de la capacidad institucional y cultural para transformar prácticas y mentalidades. Así, el seminario no solo puso en evidencia las dimensiones jurídicas de la ley, sino también su carácter profundamente político y cultural, al situar la violencia de género como un obstáculo para la democracia, la dignidad y la igualdad en el mundo del trabajo.